Liberan a Carlos Rivera
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, fue liberado tras permanecer un día detenido en la División de Requisitorias, en La Victoria, por el presunto delito de falsificación de documentos aunque el círculo del letrado considera que la detención tiene aparentes motivaciones políticas.
Rivera salió al mediodía en libertad tras rendir testimonio en la sede del 40 Juizgado Penal de Lima, a cargo del juez Julio César Díaz Paz.
“El juez me dice que no responde a una decisión política suya”, expresó Rivera.
A su salida del juzgado, Rivera calificó de “irregular” el hecho que no haya sido notificado en el proceso que se le sigue por el presunto delito contra la fe pública y por el cual se le pide cuatro años de prisión.
“Es una denuncia sin pies ni cabeza y ojalá que no responda a una directiva política”, manifestó después Rivera en conferencia de prensa.
Rivera fue abogado de la parte civil del megajuicio seguido a el ex presidente Alberto Fujimori, quien terminó condenado en primera instancia a 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros.
En diálogo con los periodistas, detalló que fue encausado por comprar un kit electoral de la Onpe (Oficina Nacional de Procesos Electorales) en el 2001 a favor del movimiento promovido por la ex ministra de la Mujer, Susana Villarán, Democracia Social.
El proceso judicial contra Rivera se inició en marzo del 2008 y la orden de arresto se activó el 20 de mayo último. La detención se produjo ayer cuando el abogado especializado en casos de derechos humanos llegó al aeropuerto Jorge Chávez, procedente de Estados Unidos.
“Ha habido una absoluta ligereza de la Onpe de formular una denuncia penal sin pruebas y del Ministerio Público por acogerla”, acotó (tomado comercio.com.pe)
Detienen a Carlos Rivera
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, denunció que fue víctima de una detención arbitraria en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando regresaba de Estados Unidos.
“Estaba realizando mis trámites migratorios cuando me dijeron que tenía una orden de detención en mi contra, por lo cual me quedé sorprendido”, contó Rivera a elcomercio.com.pe.
Rivera, quien se hizo conocido por ser abogado de la parte civil del megajuicio seguido al ex presidente Alberto Fujimori por los casos La Cantta y Barrios Altos, afirmó que nunca fue notificado por la justicia del proceso que se le seguía por el presunto delito de falsificación de documentos.
“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE (las siglas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales), pero no sé más”, señaló Rivera desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria, en donde se encuentra detenido actualmente desde casis las nueve de la mañana.
“Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado”, agregó.
La orden de arresto, según se conoció, fue activada el pasado 20 de mayo por el 40 Juzgado Penal de Lima, a cargo del juez Julio César Díaz, por el delito contra la fe pública. El caso viene del 2008.
“Me extraña que no me hayan notificado, siendo alguien conocido y de quien saben donde trabajo”, aseveró.
El letrado evitó opinar si se traba de una represalia por su actuación como acusador en el juicio a Fujimori, quien terminó condenado en primera instancia a 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros (tomado del comercio.com.pe).
“Estaba realizando mis trámites migratorios cuando me dijeron que tenía una orden de detención en mi contra, por lo cual me quedé sorprendido”, contó Rivera a elcomercio.com.pe.
Rivera, quien se hizo conocido por ser abogado de la parte civil del megajuicio seguido al ex presidente Alberto Fujimori por los casos La Cantta y Barrios Altos, afirmó que nunca fue notificado por la justicia del proceso que se le seguía por el presunto delito de falsificación de documentos.
“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE (las siglas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales), pero no sé más”, señaló Rivera desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria, en donde se encuentra detenido actualmente desde casis las nueve de la mañana.
“Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado”, agregó.
La orden de arresto, según se conoció, fue activada el pasado 20 de mayo por el 40 Juzgado Penal de Lima, a cargo del juez Julio César Díaz, por el delito contra la fe pública. El caso viene del 2008.
“Me extraña que no me hayan notificado, siendo alguien conocido y de quien saben donde trabajo”, aseveró.
El letrado evitó opinar si se traba de una represalia por su actuación como acusador en el juicio a Fujimori, quien terminó condenado en primera instancia a 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros (tomado del comercio.com.pe).
Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon expresó preocupación por detención
El premier Yehude Simon llegó hasta la sede de la División de Requisitorias de la Policía, en La Victoria, para ver en qué estado se encontraba el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, quien fue capturado este domingo en el aeropuerto.
En ese sentido, el primer ministro manifestó su preocupación por la detención del también representante de la parte civil en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Por su parte, el periodista Gustavo Gorriti indicó que esta situación es una "tinterillada" para acosar a uno de los mejores abogados defensor de los derechos humanos.
Asimismo, señaló que es posible que Rivera pase la noche detenido, por lo que mañana sus allegados iniciarán todos los trámites pertinente para ponerlo en libertad (tomado de peru.com).
El Instituto de Defensa Legal (IDL) emite comunicado exigiendo inmediata libertad
Nuestra institución cree que se trata de una represalia por las actividades que Carlos Rivera y el IDL vienen cumpliendo a favor de la democracia y los derechos humanos, de acuerdo a elementos como los siguientes:
El juez que ha dictado la orden de detención es Julio César Díaz Paz, juez suplente nombrado este año, por el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega. Nuestras críticas y denuncias contra este magistrado han sido reiteradas y públicas: estuvimos en contra de un fallo que él suscribió en el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, al punto que en un programa de televisión, Vega Vega y Carlos Rivera sostuvieron un fuerte intercambio de palabras.
Nuestra institución hizo pública su oposición a que fuera elegido, en diciembre pasado, como presidente de la Corte Superior de Lima. Recientemente, propalamos un video en que el referido magistrado aparece como uno de los invitados que asistieron al mitin por el cumpleaños del militante aprista Carlos Roca Cáceres, imágenes en las que se le aprecia en el estrado.
De otra parte, Carlos Rivera, ha sido uno de los abogados más activos de las víctimas en el proceso por el que el ex presidente Alberto Fujimori acaba de ser sentenciado a 25 años.
Rivera también ha defendido a Nolberto Durand Ugarte, uno de los desaparecidos en la matanza de El Frontón ocurrida en el primer gobierno de Alan García, penal en el que, ese momento, el actual vicepresidente Luis Giampietri , comandaba la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú. En este caso, el desempeño de Rivera fue determinante para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condene al Estado Peruano y ordene, entre otras cosas, la investigación judicial del caso, lo que hasta la fecha viene generando una serie de investigaciones y diligencias en las que Rivera sigue participando en calidad de abogado. Esto ha motivado que en reiteradas oportunidades, el actual vicepresidente Giampietri ataque verbalmente tanto a él como al IDL.
En la misma línea de interpretación, no creemos que sea coincidencia que Rivera haya sido detenido arbitrariamente, justo cuando esta semana tenía que participar en importantes audiencias y diligencias sobre otros 4 casos de violación de derechos humanos que también ocurrieron durante el primer gobierno de Alan García. Los casos son: 1. Caso Pucará (asesinato de 8 pobladores en 1989) / 2. Desaparición del teniente de reserva EP Marco Barrantes Torres en sótanos del SIE (en 1988) / 3. Desaparición forzada de dos estudiantes universitarios en Universidad del Centro, de Junín (1989- 1992)(tomado de ideeleradio.blogspot.com).
