Caracas, 8 may (EFE).- El presidente venezolano, Hugo Chávez, lideró hoy el acto de toma de control por parte del Estado de las "operaciones petroleras acuáticas en el lago de Maracaibo", en el occidente del país, como parte de plan para garantizar la soberanía energética nacional.
La nacionalización de esos bienes y servicios conexos a la actividad petrolera derivó de la aplicación de una nueva ley, promulgada anoche por el mandatario, que permite la expropiación de esos sectores.
"Estamos liberando no solo los muelles, las lanchas y los remolcadores, ustedes (los trabajadores) se están liberando del yugo del capitalismo", exclamó Chávez mientras saludaba a grupos de trabajadores que ahora pasarán a integrar la nómina de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Unas 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13 talleres pasaron de manos privadas a PDVSA, de acuerdo a la información oficial.
Se trata de una "retoma" de activos que fueron privatizados a mediados de la década de 1990, mediante el llamado proceso de apertura petrolera, reiteró por su parte el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Unos 8.000 trabajadores pasarán a la nómina estatal, y las deudas que con ellos tengan las empresas contratistas serán descontadas del justiprecio que pagará el Estado, aseveró el ministro de Energía.
Los servicios que pueden ser afectados por la nueva legislación son los "procesos de inyección de agua, de vapor o de gas, que permiten incrementar la energía de los yacimientos", según datos parlamentarios.
También "los servicios vinculados a las actividades en el lago de Maracaibo, como lanchas para el transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos".
Además pueden ser expropiados "los remolcadores; gabarras planas, boyeras, grúas de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza", de acuerdo a la información oficial.
El ministro Ramírez ha afirmado que la nueva ley no afectará a la contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.
